NO AL TRATO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ENFERMOS MENTALES COMO DELINCUENTES.

Siendo, España uno de los Estados firmantes de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 14 establece que nadie será privado de su libertad por motivos de discapacidad y cuyo artículo 5 prohíbe “toda discriminación por motivo de discapacidad”.
La Asociación Progresistas de Extremadura. Queremos expresar nuestro más profundo rechazo, al anteproyecto de Ley Orgánica 121/000065, de reforma del Código Penal que pretende aprobar el Gobierno.
Que se trata de imponer a las personas con discapacidad intelectual o enfermad mental desarrollando estas medidas de seguridad con carácter indefinido –que pueden sobrepasar incluso la duración de la propia pena impuesta, se justifica bajo la consideración de especial peligrosidad de estas personas. Esto supone un prejuicio y un traslado a la sociedad, que identifica a los enfermos, como sujetos peligrosos debido a su diversidad funcional.
Estos argumentos contra la reforma del Código Penal han sido reflejados en el informe que el mejicano Carlos Ríos (miembro de la Comisión de Seguimiento de la citada Convención de la ONU) ha realizado tras su visita a España.
El primer planteamiento que hace, Carlos Ríos, concierne al fundamento mismo que justifica, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de reforma, la modificación al régimen de medidas de seguridad. De acuerdo con los ejes de justificación de la reforma, se trataría en defender que el “fundamento de las medidas de seguridad reside en la peligrosidad del autor” y no en la culpabilidad. Ello permite amparar que las medidas de seguridad puedan ser incluso más graves, en términos de la duración de la determinación de privación de la libertad, que las penas propiamente.
Con esta reforma se está mandando un mensaje a la sociedad, de que el enfermo mental o con discapacidad intelectual, puede crear problemas a la hora de convivir con los demás, y con ello, SER PELIGROSO SI LA CONTRATAS PARA TRABAJAR, el empresario y los propios compañeros les pueden mirar con miedo.
La aplicación de la medida de seguridad no es tanto la comisión de un delito, sino la clasificación de la persona como socialmente peligrosa, por ser probable que cometa delitos en el futuro. El mismo gobierno le dice a los ciudadanos que estos discapacitados son propensos a cometer transgresiones y por tanto hay que legislar para protegernos de ellos.
Otra vez vuelve la hipocresía, por una parte se nos dice que los poderes públicos lucharan por la plena integración de las personas con diversidad funcional, sea cual sea, el problema que tenga. Sin embargo, por otro lado, nos presentan a estos enfermos como sujetos peligrosos e incontrolables. Generando un imaginario colectivo que visualiza a personas con cierto tipo de discapacidades como sujetos que deben ser excluidos y colocados al margen de las actividades cotidianas.
La propuesta de reformar el artículo 98.3 del código penal, para permitir la prórroga sucesiva de la duración de la pena por períodos de cinco años. Es decir, que un enfermo mental, si comete un delito por pequeño que este sea, estará vigilado de por vida, pues una vez cumplida su sentencia, seguirá controlado durante cinco años más, sin limite si el juez quiere. ¿Qué delincuente esta sometido a esta arbitrariedad en nuestro país?, NINGUNO.
Juzgar a una persona por lo que es y no por lo que hace, afecta las garantías de estricta legalidad y de jurisdiccionalidad previstas en la reforma del código penal.
¿Cuándo podrá este ciudadano integrarse en la sociedad? NUNCA, toda su vida será UN MARGINADO, al que la sociedad apartará de su lado, siéndole imposible que pueda ENCONTRAR TRABAJO Y TENER UN PROYECTO DE VIDA.
Por ello, la Asociación Progresistas de Extremadura, pide la retirada inmediata del anteproyecto de la Ley Orgánica 121/000065, de reforma del Código Penal que criminaliza al enfermo mental de por vida, que la existencia de una discapacidad intelectual no justifique en ningún caso una privación de la libertad para siempre., exigimos que antes de aprobar la reforma, se convoque a un foro nacional en el que participen expertos, organizaciones de personas con discapacidad y sindicatos, para evaluar y aportar sus propuestas, con la elaboración de un nuevo anteproyecto, a la luz de los compromisos internacionales del Estado español.

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