La Asociación Progresistas de Extremadura, se adhiere y participa en esta Iniciativa Europea, por el empleo.

Iniciativa Ciudadana Europea por un New Deal for Europe, un Plan de empleo europeo y por el desarrollo sostenible en Europa.

Os adjuntamos la hoja de firmas por si podéis colaborar y recoger firmas en vuestro ámbito más próximo y una hoja que resumen en qué consiste la iniciativa a la que aludimos.

También si no podéis acompañarnos este domingo podéis firmar aquí goo.gl/S0mDX7 y tenéis más información aquí: http://www.newdeal4europe.eu/en/

Entre las firmas conseguidas destacan personalidades de todos los ámbitos e ideologías: Javier Solana, Baltasar Garzón, Enrique Barón, José Borrell, Franziska Keller, Guy Verhofstadt, Ken Loach, Romano Prodi, Giscard D’Estaing, Alexis Tsipras o Martin Schulz.

Esperamos vuestra colaboración. Agradeciendo vuestra atención.

NO AL TRATO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ENFERMOS MENTALES COMO DELINCUENTES.

Siendo, España uno de los Estados firmantes de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 14 establece que nadie será privado de su libertad por motivos de discapacidad y cuyo artículo 5 prohíbe “toda discriminación por motivo de discapacidad”.
La Asociación Progresistas de Extremadura. Queremos expresar nuestro más profundo rechazo, al anteproyecto de Ley Orgánica 121/000065, de reforma del Código Penal que pretende aprobar el Gobierno.
Que se trata de imponer a las personas con discapacidad intelectual o enfermad mental desarrollando estas medidas de seguridad con carácter indefinido –que pueden sobrepasar incluso la duración de la propia pena impuesta, se justifica bajo la consideración de especial peligrosidad de estas personas. Esto supone un prejuicio y un traslado a la sociedad, que identifica a los enfermos, como sujetos peligrosos debido a su diversidad funcional.
Estos argumentos contra la reforma del Código Penal han sido reflejados en el informe que el mejicano Carlos Ríos (miembro de la Comisión de Seguimiento de la citada Convención de la ONU) ha realizado tras su visita a España.
El primer planteamiento que hace, Carlos Ríos, concierne al fundamento mismo que justifica, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de reforma, la modificación al régimen de medidas de seguridad. De acuerdo con los ejes de justificación de la reforma, se trataría en defender que el “fundamento de las medidas de seguridad reside en la peligrosidad del autor” y no en la culpabilidad. Ello permite amparar que las medidas de seguridad puedan ser incluso más graves, en términos de la duración de la determinación de privación de la libertad, que las penas propiamente.
Con esta reforma se está mandando un mensaje a la sociedad, de que el enfermo mental o con discapacidad intelectual, puede crear problemas a la hora de convivir con los demás, y con ello, SER PELIGROSO SI LA CONTRATAS PARA TRABAJAR, el empresario y los propios compañeros les pueden mirar con miedo.
La aplicación de la medida de seguridad no es tanto la comisión de un delito, sino la clasificación de la persona como socialmente peligrosa, por ser probable que cometa delitos en el futuro. El mismo gobierno le dice a los ciudadanos que estos discapacitados son propensos a cometer transgresiones y por tanto hay que legislar para protegernos de ellos.
Otra vez vuelve la hipocresía, por una parte se nos dice que los poderes públicos lucharan por la plena integración de las personas con diversidad funcional, sea cual sea, el problema que tenga. Sin embargo, por otro lado, nos presentan a estos enfermos como sujetos peligrosos e incontrolables. Generando un imaginario colectivo que visualiza a personas con cierto tipo de discapacidades como sujetos que deben ser excluidos y colocados al margen de las actividades cotidianas.
La propuesta de reformar el artículo 98.3 del código penal, para permitir la prórroga sucesiva de la duración de la pena por períodos de cinco años. Es decir, que un enfermo mental, si comete un delito por pequeño que este sea, estará vigilado de por vida, pues una vez cumplida su sentencia, seguirá controlado durante cinco años más, sin limite si el juez quiere. ¿Qué delincuente esta sometido a esta arbitrariedad en nuestro país?, NINGUNO.
Juzgar a una persona por lo que es y no por lo que hace, afecta las garantías de estricta legalidad y de jurisdiccionalidad previstas en la reforma del código penal.
¿Cuándo podrá este ciudadano integrarse en la sociedad? NUNCA, toda su vida será UN MARGINADO, al que la sociedad apartará de su lado, siéndole imposible que pueda ENCONTRAR TRABAJO Y TENER UN PROYECTO DE VIDA.
Por ello, la Asociación Progresistas de Extremadura, pide la retirada inmediata del anteproyecto de la Ley Orgánica 121/000065, de reforma del Código Penal que criminaliza al enfermo mental de por vida, que la existencia de una discapacidad intelectual no justifique en ningún caso una privación de la libertad para siempre., exigimos que antes de aprobar la reforma, se convoque a un foro nacional en el que participen expertos, organizaciones de personas con discapacidad y sindicatos, para evaluar y aportar sus propuestas, con la elaboración de un nuevo anteproyecto, a la luz de los compromisos internacionales del Estado español.

PROGRESISTAS EXTREMADURA SE ADHIERE AL MANIFIESTO TIPP

Manifiesto de organizaciones de la sociedad civil sobre la cooperación reguladora en el TTIP
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y firme oposición al derrotero tomado en las negociaciones del TTIP sobre la “regulación” de áreas vitales tales como productos químicos, estándares alimentarios, y la regulación financiera.
Los negociadores han afirmado en varias ocasiones que los niveles de protección no están amenazados, y que los estándares no se rebajarán. Sin embargo, esto ha sido desmentido sistemáticamente por los documentos filtrados de las negociaciones.
Además, las dos partes han enviado mensajes políticos que no dejan duda de que estándares esenciales están siendo amenazados.
Éstos incluyen las demandas formuladas por el Secretario de Agricultura de EE.UU para acabar con el llamado principio de precaución [i], que – si se cumplen – podrían abrir la puerta a la entrada en la UE los OMGs (transgénicos) y a los alimentos tratados con pesticidas y hormonas actualmente no aceptados de acuerdo a las normas de la UE, y que es una demanda de los negociadores de EEUU, y que los empresarios de EEUU han reclamado a la Unión Europea durante los procesos de tomas de decisiones. Esto también se refleja en las propuestas de la UE en materia energética, [ii] que amenazarían los objetivos oficiales de la política de la UE sobre el clima. Curiosamente, EE.UU rechaza la propuesta de la UE sobre cooperación reguladora en los servicios financieros por temor a estándares más bajos procedentes de la UE.
En este momento preocupa en particular una propuesta “horizontal” que fue presentada por la Comisión Europea en Diciembre de 2013, y filtrada al público poco después [iii]. Ésta genera preguntas legítimas sobre el impacto negativo del TTIP en el proceso de regulación a expensas de la salud de los ciudadanos, el medio ambiente y el bienestar a ambos lados del Atlántico, incluyendo:
Lobbies empresariales han pedido explícitamente tener capacidad para “esencialmente co-escribir la legislación” [iv]. Siguiendo las propuestas de dos poderosos lobbies empresariales, el documento filtrado de la UE da amplias oportunidades a los grupos de presión para ejercer una influencia indebida sobre la legislación existente y futura.
Los “diálogos” sugeridos y los mecanismos de advertencia previa dan a la otra parte negociadora una buena oportunidad para ejercer presión y vetar cualquier nueva propuesta razonable, si son vistas como “obstáculos al comercio”.
Esto es particularmente grave en la UE debido a que la Comisión es el único órgano que puede presentar propuestas legislativas. Una señal de descontento de los EE.UU o de las compañías estadounidenses – con o sin amenazas de hacer uso de los mecanismos de solución de diferencias – puede convertirse en un factor decisivo y dar lugar a un “enfriamiento de la legislación”.
Además los “diálogos” sugeridos corren el riesgo de contradecir el trabajo hecho por varias instituciones multilaterales e internacionales destinadas a la construcción de una regulación coherente, especialmente en el ámbito de los servicios financieros.
La propuesta institucional podría hacer que los diálogos entre la Comisión Europea, las agencias reguladoras de los Estados Unidos y los lobbies empresariales sean el escenario principal donde se planifica las leyes, dejando de lado a los políticos electos y amenazando el deber de los políticos de poner en primer lugar el interés público.
Además, lo que implican las propuestas para la “cooperación reguladora” en áreas específicas, como por ejemplo las propuestas de la UE sobre sustancias químicas [v] y la regulación financiera [vi], se han aclarado en los últimos meses: darán lugar a una reducción de los niveles de protección e inhibirán un mayor progreso en el futuro.
En una carta de mayo de este año, un gran número de organizaciones expresaron su preocupación, e hicieron ocho preguntas específicas a los negociadores en un intento de obtener mayores aclaraciones. Tres meses más tarde, sólo se recibieron respuestas parciales del Comisario Karel de Gucht [vii] y de la adjunta a la representación comercial estadounidense Jewel James [viii]. Ninguna de éstas proporcionan las aclaraciones solicitadas o ayudan a apaciguar las preocupaciones planteadas, más bien fortalecen la evaluación de que la cooperación reguladora prevista en TTIP hasta ahora, representa una amenaza grave para las políticas públicas en áreas cruciales. Por ejemplo, la afirmación de la Comisión Europea de que “cada lado actuará dentro de sus marcos legales e institucionales, y eso no se verá afectado por el TTIP” parece estar en total contradicción con el propósito y el diseño de la propia propuesta de la Comisión para la cooperación reguladora.
Por último, tanto la Comisión Europea como el Representante de Comercio de EEUU afirman que las negociaciones se llevan a cabo de una manera abierta, y que cada parte negociadora está abierta al diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, tal como se ha desarrollado el debate sobre la regulación, ha quedado claro que sólo el acceso a los textos presentados en las negociaciones puede proporcionar la perspectiva necesaria para un debate abierto y democrático. Ni las declaraciones ni las cartas presentadas hasta ahora han proporcionado la información necesaria.
Por estas razones, instamos a los negociadores a tomar dos decisiones durante la próxima ronda de negociaciones:
1. Abrir un nuevo capítulo en el proceso, haciendo accesibles los documentos al público. Sin acceso a los textos mismos de negociación y a las propuestas, no puede haber transparencia, y por lo tanto un proceso democrático genuino [ix].
2. Eliminar de la mesa las propuestas sobre la “cooperación reguladora.” Las filtraciones de los últimos meses revelaron que las propuestas para la cooperación reguladora conllevan la amenaza y el ataque a la legislación y la reducción de los estándares tanto a corto como a largo plazo.

Manifiesto contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal

La Asociación Progresistas de Extremadura se adhiere al Manifiesto contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal, porque defendemos una sanidad pública y universal.
Este es el manifiesto:
Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del RDL 16/2012, sesenta y tres organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, denuncian los impactos del mismo y el incumplimiento por parte de l Gobierno Español de la legislación internacional de derechos humanos.
En Abril de 2012 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (en adelante RDL). Con este RDL la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Además se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas. Dos años después el balance no puede ser más negativo:
– Tras la aplicación del RDL, al menos 873000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos.
– La diferente aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas (CCAA) y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.
-Incluso en aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de urgencias…) se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos.
– El desplazar la atención a las urgencias (si ésta se logra) genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su
atención. Estudios en otros países han demostrado que medidas de exclusión sanitaria similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que costaría con una atención inclusiva.
-La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.
– A pesar de que algunas CCAA emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para toda la población en los supuestos de salud pública, el citado RDL sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o tratamiento), tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva.
– En un contexto de incremento de la desigualdad económica (en los cuatro años iniciales de la crisis, la desigualdad en los ingresos creció en la misma medida que se había logrado reducir en los veintidós años previos) el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables, provocados por la promulgación del RDL, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Está de mostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento.
– Resulta preocupante el posible impacto de género del RDL, dados los crecientes obstáculos que están encontrando las mujeres migrantes a quien es se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera, conviene recordar que son las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado por la desigualdad económica.
-Varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas recomendaciones.
-Por su parte, el Tribunal Constitucional en dos autos afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas…, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual Ahorro económico que no ha podido ser concretado”. Efectivamente, antes de implantar el RDL no se analizó ni comunicó con claridad el ahorro que iba a suponer y hasta la fecha no se ha publicado ningún cálculo al respecto.
Ante esta situación instamos al Gobierno de España a derogar el RDL 16/2012, y elaborar una nueva Ley de Sanidad:
• Que nazca de un amplio consenso con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas
• Que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente.
• Que garantice el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud: completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad, como marco de las políticas, planes y estrategias de salud y base del modelo integrador bio-psico-social de atención a la persona enferma, derecho también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales ratificado por España.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HASTA AQUI HEMOS LLEGADO”

El próximo día 26 de Junio a las 19:30h, en el Instituto de lenguas Modernas de la UEX, Avenida Virgen de la Montaña,14 Cáceres, presentación del libro “HASTA AQUI HEMOS LLEGADO”, en la que contaremos con la presencia del autor, Francesc Romeu, Vscro. General del PSOE-PSPV, Portavoz en las Cortes de Valencia y autor del libro.

Acompañaran al autor: Francisco José Bernal Martínez, Presidente de la Asociación Progresistas de Extremadura.

20130708-124044